Francisco M. Velez Pliego escribió éste artículo

LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN EN EL SIGLO XXI

¿TENDRÁN FUTURO?

FRANCISCO M. VELEZ PLIEGO

En las sociedades contemporáneas uno de los ámbitos de la actividad humana que ha sido transformado substancialmente como resultado de la globalización neoliberal es el de la educación. Todos los niveles y modalidades educativas han sido objeto de una profunda revisión. Los principios y características en que se fundan los procesos de enseñanza aprendizaje y la generación de nuevos conocimientos; las formas institucionales en que se han desarrollado las actividades educativas, sus métodos pedagógicos, sus actores institucionales, sus formas de financiamiento, la función social y económica de la educación entre otros temas han sido revisados, con el objeto entre otros de adecuar esta actividad a las nuevas condiciones mundiales, no solo derivadas del avance de los saberes disciplinarios o del avance en los sistemas y tecnologías de la información y la comunicación (TIC) sino esencialmente a partir de la importancia central que juegan las innovaciones en el incremento de la productividad y de las nuevas habilidades y competencias requeridas en los diversos mercados laborales.

Esta revisión ha tenido diversos matices y características sin embargo conviene tener en mente dos procesos de negociación abiertos entre los diversos países derivados de la globalización, por un lado el que se relaciona con el sistema económico internacional establecido después de la Segunda Guerra Mundial QUE tuvo como base tres instituciones: el Fondo Monetario Internacional, encargado de velar por los asuntos monetarios; por otro, el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo o Banco Mundial encargado de fomentar las transferencias de capital hacia los países destruidos por las guerras, y, finalmente, la Organización Internacional del Comercio (OIC), que tendría la responsabilidad de velar por las relaciones comerciales internacionales. Por diversas razones, la OIC nunca llega a nacer, sin embargo como resultado de las negociaciones entre 23 países que tuvieron lugar en paralelo a las conversaciones para la creación del OIC nace el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio conocido por sus siglas en inglés como GATT, este mecanismo de regulación internacional se concibió originalmente como un tratado en materia arancelario y de comercio, ocupando el lugar de la OIC desde 1947 y hasta 1995 en que se crea la OMC sustituyendo al GATT.

El GATT como cualquier tratado fue objeto de sucesivas rondas de negociación así por ejemplo, en 1962 se firmó el Multifibre Agreement que derogaba determinadas restricciones cuantitativas en el sector textil de la aplicación de las reducciones arancelarias, en estos sectores no se aplicaron dichas reducciones arancelarias; entre 1973 y 1979 se celebró la Ronda de Tokio y, entre 1986 y 1993 se desarrolló la última denominada Ronda de Uruguay, resultando de ella la reintegración del sector agrícola y textil, introducción de nuevas disciplinas en el sector servicios y de Propiedad Intelectual, así como la creación de la OMC.

Para 1994, el acuerdo para la liberalización del comercio internacional, originalmente previsto para las mercancías, fue ampliado a los servicios, entre ellos, el de la enseñanza. Firmado en abril de ese año, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) establece que los países pueden quedar al margen de la aplicación del mismo si el sistema de educación correspondiente es totalmente financiado y administrado por el Estado. El acuerdo prevé también que cada nación puede determinar libremente los compromisos específicos que desea contraer, particularmente puede definir qué sectores de la enseñanza se abrirían al mercado.

Para 1998, la OMC creó un grupo de trabajo e inició una ofensiva para promover una mayor liberalización de la educación. Dentro e los temas relevantes señalados por este grupo destacan el incremento acelerado del aprendizaje a distancia y la multiplicación de vínculos entre instituciones de enseñanza y empresas con especial énfasis en los mecanismos de financiamiento a actividades específicas por parte de estas ultimas. Así mismo se señala el amplio proceso de desregulación emprendido por los países particularmente europeos en especial referido al financiamiento público de la educación superior. Entre los principales obstáculos a la liberación de los servicios de enseñanza superior encontrados por el grupo de trabajo destacan las medidas que limitan la inversión directa por proveedores extranjeros y la existencia de monopolios gubernamentales y de establecimientos subsidiados por el Estado”

LA EDUCACIÓN ¿UNA MERCANCÍA O UN BIEN PÚBLICO?

La ofensiva neoliberal contra la educación pública iniciada en el GATT tuvo una primera respuesta en el documento denominado MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM suscrita en 1988 por diversos rectores de universidades europeas que concurrieron a la celebración de los 9 siglos de existencia de la de Bolonia considerada como la más antigua del mundo. En el documento de referencia reclaman de los Estados el reconocimiento de la importancia de las universidades en el desarrollo y porvenir de la humanidad en el contexto de sociedades sujetas a profundas transformaciones, en particular reclaman el reconocimiento de las universidades como forjadoras del desarrollo cultural, científico y técnico de los pueblos, como espacios de preservación y difusión de los saberes, de formación permanente de las futuras generaciones con un profundo respeto de los grandes equilibrios del entorno natural y de la vida. En esta declaración los Rectores reafirman que la misión y vocación de la universidad se rige por los siguientes principios fundamentales:

“1. La universidad —en el seno de sociedades organizadas de forma diversa debido a las condiciones geográficas y a la influencia de la historia— es una institución autónoma que, de manera crítica, produce y transmite la cultura por medio de la investigación y de la enseñanza.

Abrirse a las necesidades del mundo contemporáneo exige disponer, para su esfuerzo docente e investigador, de una independencia moral y científica frente cualquier poder político, económico e ideológico.

2. En las universidades, la actividad docente es indisociable de la actividad investigadora, a fin de que la enseñanza sea igualmente capaz de seguir la evolución tanto de las necesidades y de las exigencias de la sociedad como de los conocimientos científicos.

3. Siendo la libertad de investigación, de enseñanza y de formación el principio básico de la vida de las universidades, tanto los poderes públicos como las universidades, cada uno de sus respectivos ámbitos de competencia, deben garantizar y promover el respeto a esta exigencia fundamental.

Con el rechazo de la intolerancia y mediante el diálogo permanente, la universidad es un lugar de encuentro privilegiado entre profesores —que disponen de la capacidad de transmitir el saber y los medios para desarrollarlo a través de la investigación y de la innovación— y estudiantes —que tienen el derecho, la voluntad y la capacidad de enriquecerse con ello.

4. La universidad, depositaria de la tradición del humanismo europeo pero con la constante preocupación de alcanzar el saber universal, ignora toda frontera geográfica o política para asumir su misión y afirma la imperiosa necesidad del conocimiento recíproco y de la interacción de las culturas.”

En este orden de ideas y nuevamente con motivo de la celebración de los 8 siglos de existencia de otra universidad europea, la Sorbona, los ministros de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido comenzaron a delinear las bases operativas del proyecto de transformación de las instituciones universitarias de ese continente. En la declaración de la Sorbona establecieron una serie de ejes temáticos asociados a la organización académica y los sistemas de acreditación: los ciclos de aprendizaje, los sistemas de créditos y titulación, la oferta educativa entre otros se vislumbraron como compromisos internacionales de los países pertenecientes a la unión europea en construcción y como base de un proyecto social y cultural más ambicioso que postula la libre circulación de las mercancías, de los capitales y de las personas, uno de cuyas vertientes es la movilidad estudiantil y de los profesores. .

En 1999, los ministros de educación de los países integrantes de la Unión Europea producen la llamada declaración de Bolonia, precisando los compromisos esbozados en la de la Sorbona un año antes por sus pares de Francia, Italia y el Reino Unido. El también llamado Plan Bolonia para la construcción de un Espacio Europeo de Educación Superior, hoy tan controvertido, objeto de movilizaciones estudiantiles en diversos países europeos, sintetiza la convergencia de políticas y declaraciones contradictorias en el seno de la comunidad internacional; como señala Carlos Berzosa Rector de la Universidad Complutense de Madrid quien resume atinadamente las percepciones confrontadas del significado que la implantación de Bolonia tiene en España.

“Tengo que declarar que si verdaderamente Bolonia representa lo que dicen los que se manifiestan en su contra, desde luego que no cuenten conmigo en este proceso. No estoy dispuesto a contribuir a la privatización y mercantilización de la universidad pública, ni a degradar los títulos universitarios, ni a supeditar el conocimiento al interés exclusivo del mercado. Tampoco a convertir la Universidad en una escuela de formación profesional en la que predominen con exclusividad las enseñanzas basadas en las capacidades y habilidades, y a que deje de ser lo que debe ser, un lugar donde además de preparar buenos profesionales se genere y se transmita el conocimiento, un espacio de reflexión y pensamiento, de debate y de crítica, y sobre todo un lugar de investigación y de discusión acerca de los problemas y desafíos que atenazan a la humanidad, que son muchos.

Para mí Bolonia en su manifiesto fundacional; representa una oportunidad para fomentar la movilidad y la validación de títulos en un espacio europeo amplio. Además, constituye una gran oportunidad para construir una Europa del conocimiento y que la UE no sea sólo un mercado, una moneda, sino también una Europa de los ciudadanos. Las universidades podemos contribuir a que haya no sólo integración económica, sino también política y social.

Entonces, ¿por qué dicen lo que dicen sus detractores? ¿se han inventado un enemigo irreal? Creo que no, que los peligros que señalan son reales, pero también creo que no deben ser imputables a Bolonia, sino que son el resultado de las actuales tendencias sociales y de la creciente globalización dominada por el mercado, que afectan negativamente a la universidad.”

Por su parte, con el objeto de promover una profunda reforma de la educación superior en particular, la UNESCO convocó a la realización en 1998 de una Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI: Visión y acción. Como parte de los preparativos de la Conferencia, la UNESCO publicó en 1995 su documento de orientación sobre Cambio y desarrollo en la educación superior. Ulteriormente se celebraron cinco consultas regionales: La Habana, noviembre de 1996; Dakar, abril de 1997; Tokio, julio de 1997; Palermo, septiembre de 1997 y Beirut, marzo de 1998. Del 5 al 8 de julio de 2009, la UNESCO realizó en su sede en París una segunda Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, esta vez precedida de seis conferencias regionales: Cartagena de Indias, Macao, Dakar, Nueva Delhi, Bucarest y El Cairo. La parte introductoria de la declaración resalta que:

“La enseñanza superior en tanto que bien público e imperativo estratégico para la educación en todos los niveles y en tanto que fundamento de la investigación, de la innovación y de la creatividad releva de la responsabilidad de todos los gobiernos y debe beneficiarse de su sostén económico. Como está señalado en la declaración universal de los derechos del hombre, “el acceso a los estudios superiores debe estar abierto en plena igualdad a todos en función de sus méritos” (artículo 28, parágrafo 1)

La disminución del crecimiento económico actual puede significar incrementar la asimetría en materia de acceso y de calidad entre los países desarrollados y los países en desarrollo y al interior de los países, lo que enfrentaría a aquellos países dónde el acceso es ya limitado a problemas suplementarios

En ningún momento en la historia de la humanidad no ha sido más importante invertir en la enseñanza superior en tanto que medio capital para edificar una sociedad del conocimiento inclusiva y diversificada y de promover la investigación, la innovación y la creatividad.

El decenio pasado muestra evidencias de que la enseñanza superior y la investigación contribuyen a la eliminación de la pobreza, al desarrollo duradero y a la realización de los Objetivos del desarrollo convenidos en el plano internacional, particularmente los Objetivos del Milenio para el desarrollo (OMD) y la educación para todos (EPT). El programa mundial en materia de educación deberá reflejar estas realidades.”

A pesar de la reafirmación de que la educación es un bien público y del señalamiento expreso de que los gobiernos tienen una responsabilidad ineludible en el financiamiento de la educación y la investigación la ofensiva de la OMC avanza en la definición de las condiciones de la comercialización de los servicios antes considerados responsabilidad de los estados nacionales.


MÁS ALLÁ DE LAS DECLARACIONES LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS SABERES


¿Porqué a pesar de las declaraciones avanza el proceso privatizador de la educación? Para intentar responder a esta pregunta conviene tener en cuenta los temas estratégicos que animan estas revisiones y que no necesariamente se desprenden de la crisis de los paradigmas científicos o de las transformaciones pedagógicas en los procesos de transmisión de los saberes, como acertadamente señala María Angélica Sabatier en su trabajo sobre La Educación Superior en la OMC

“Las universidades saben que el debate académico y la investigación científica no reconocen fronteras, pero a partir de la iniciativa de la OMC saben también que están frente a un desafío de otra naturaleza. No están en cuestión la formación de redes de investigación, la movilidad docente y estudiantil y otras formas de intercambio científico y cultural siempre valorizadas por las instituciones universitarias como medios legítimos de cooperación; lo que está en juego es el destino mismo del conocimiento como patrimonio social y de la educación como bien público.

También está en juego la importancia de la investigación para la enseñanza superior y el papel que juegan las universidades en el desarrollo social y económico de los pueblos en la afirmación de las identidades culturales.

El rol del Estado, debilitado en el marco de los acuerdos internacionales, sólo puede ser reforzado por un sostenido debate proactivo de todas las cuestiones que giran en torno a una internacionalización del quehacer científico y académico al que se vincula con la comercialización globalizada de la educación y el saber.”

Tal vez por estas razones habrá que comenzar por tratar de responder cuestiones básicas ¿Educar para qué? Esta simple pregunta nos remite a un universo de objetivos y propósitos que están siendo objeto también de una profunda revisión. A lo largo del siglo XX, por ejemplo, se reconocía en la actividad educativa un espacio estratégico en la formación de ciudadanos con una identidad basada en principios forjados a la luz de la constitución de los estados nacionales, orientada también a la formación de recursos humanos para el trabajo en el contexto de las economías nacionales, sus estrategias de desarrollo, sus procesos de industrialización y urbanización, ambos ejes, identidad nacional y economías nacionales han sido pulverizadas bajo el impulso de la ideología neoliberal.

De alguna manera las declaraciones de las universidades europeas recogen este espíritu y vocación sin embargo se enfrentan a dos hechos inocultables:

1.- El peso relativo del trabajo vivo como componente esencial de los procesos de trabajo modernos se ha reducido, así mismo la importancia relativa de la masa salarial en la formación del PIB también se ha reducido como parte de la reestructuración de las relaciones entre capital y trabajo. Surgido estas políticas de una percepción vinculada al desarrollo tecnológico en las actividades económicas y en el ámbito de las comunicaciones, el incremento cuantitativo y cualitativo de la información, y a la revolución científica que ha alimentado ambas, se acreditó la idea de la posibilidad de prescindir, cada vez más, del trabajador manual y de superar las limitaciones en las relaciones entre los seres humanos impuestas por el tiempo y el espacio. La revolución tecnológica que acompañó este desarrollo, auspiciada por los microprocesadores, se complementó con su aplicación en la extensa gama de bienes de capital y de servicios relacionados con la industria, introduciendo una nueva percepción sobre las capacidades productivas de las economías nacionales, sobre el trabajo, su calificación y su valor.

Una de las características más nítidas de este proceso ha sido justamente la pérdida de importancia relativa, cultural, social y política del trabajo. Los estados nacionales se han plegado a estas circunstancias mediante políticas que buscan reducir los costos relativos del trabajo auspiciando una revisión permanente de los derechos sociales y laborales de los trabajadores. La seguridad social, los fondos de pensiones, las responsabilidades del Estado en materia económica y de desarrollo de infraestructura y equipamientos sociales, incluidos los servicios educativos, son parte de los elementos que han sido desmantelados para eliminar los llamados Estados de Bienestar y Estados Populistas. Cabe recordar que estas políticas han sido aplicadas en nombre del crecimiento económico, de la posibilidad de incrementar la riqueza, con la promesa de un mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de las más diversas naciones en el mundo, bajo la idea de que los sacrificios de hoy garantizan el bienestar del futuro.

Las cifras sin embargo parecen contradecir estas afirmaciones. Como señalaba Alberto Bonnet en El Dinero y el Capital Dinero en la Globalización, "...ninguna prosperidad ni bienestar pueden ser asociados a la evolución del capitalismo en las pasadas tres décadas. Atendamos a las tres economías más poderosas del mundo, EEUU, Alemania y Japón. Brenner, estima que ellas tuvieron, en promedio tasas de crecimiento anual del producto de un 5.8% entre 1960 y 1973, contra 2.5% entre 1973 y 1966; tasas de crecimiento de la productividad del trabajo de 4,9% entre 1960 y 1973, contra 1.7% entre 1973 y 1996; tasas de aumento anual del salario real del 5.3% entre 1960 y 1973, contra 1,15% entre 1973 y 1996; tasas de desempleo del 2,3% entre 1960 y 1973, contra 5% entre 1973 y 1996...". La actual crisis mundial no solo pone en entredicho la afirmación de un bienestar futuro sino que demuestra la incapacidad de mercado para auto-regularse y mantener un crecimiento económico sostenido disparando considerablemente las cifras del desempleo y polarizando los indicadores de distribución de la riqueza; también muestra la creciente dependencia del capital del dinero público para garantizar la rentabilidad del sistema.

2.- La otra dimensión de este proceso se refiere a la pérdida de centralidad de lo público, como noción cultural, jurídica, social de la relación entre gobernantes y gobernados, como lugar de definición de responsabilidades del Estado y de ejercicio de derechos ciudadanos, en este sentido la revisión de los temas señalados a lo largo de este artículo no solo atañen a una visión económica del funcionamiento del capital en la globalización sino también a la dimensión ideológica, política y cultural de su funcionamiento en tanto que relación social y no puramente económica. Los bienes públicos, responsabilidad del Estado están siendo además, en este orden de ideas, objeto de procesos de comercialización, se han convertido en objetos de valorización de capitales con apoyo de los gobiernos neoliberales. En esta perspectiva la comercialización de los servicios educativos y sus temas asociados, investigación básica y aplicada, propiedad intelectual, apropiación privada de recursos ambientales, de información, entre muchos otras dimensiones implicadas en este proceso y que forman parte de un debate aún no abordado suficientemente en cuanto a sus consecuencias políticas, sociales y culturales.